Climate & Health
La salud y el cambio climático
La salud y el cambio climático
Algunas propuestas, sobre las que desde nuestra fuerza política, estimamos debemos considerar el fuerte avance de los cambios en el clima de “nuestra casa común”.
Nuestra posición, en materia del cambio en el clima, proviene desde la experiencia desde la sociedad civil (en donde iniciamos nuestro trabajo social y político hace muchos años) y desde una visión enfocada primero en los consumidores, y el impacto que el mercado y la economía tienen, en esta y en las futuras generaciones.
“…Los consumidores; ¿Cómo conseguimos productos, alimentos y servicios que garanticen el cuidado de la salud, sean seguros y de calidad?...”
En nuestra sociedad moderna, vivimos rodeados de daños a la vida y a la salud, derivados de los productos, alimentos y servicios que consumimos. Hay daños generados por todo tipo de productos, alimentos y servicios; y no por eso se los prohíbe, principalmente porque se los considera más positivos que negativos para la sociedad. Lo lamentable es que en estos casos, el daño es la excepción y no la regla, una excepción esperable pero menor.
Hay muchos casos, el típico es el de los automotores, que causan en nuestro país (Argentina) 7300 muertes por año sin que nadie piense en prohibir este invento, si no únicamente en buscar medios para buscar disminuir el número (gravísimo sin duda alguna y altísimo a nivel mundial).
Los esfuerzos en nuestra sociedad están puestos entonces, en asegurar la responsabilidad por los daños esperables e inevitables en el curso común de los hechos, y en impedir los evitables.
Si queremos dar una respuesta que nos sirva para mejorar la sociedad en que vivimos, y le demos equilibrio a la prevención de las enfermedades para preservar la salud, debemos evaluar algunos puntos:
1) ¿Qué daños se esperan como consecuencia del diseño de productos y alimentos;
2) ¿Cuánto podemos hacer para evitar los daños?
3) ¿Es aceptable la cantidad de enfermedades y muertes causadas por el diseño, producción y distribución de productos y alimentos?
4) ¿No puede haber mejores medidas de seguridad?
5) ¿Cuánto tienen que durar los productos y alimentos?
6) ¿Es necesario el nivel de contaminación generado por los servicios de cloacas y aguas?
7) ¿Cuánto estamos haciendo para impedir los evitables - si sabemos que un determinado producto y/o alimento genera daños por un obrar ilícito repetitivo, tanto del diseñador y productor?,
8) Si un producto o alimento, falla repetitivamente ¿Cómo evitamos que vuelva a suceder?;
9) Si un alimento es perjudicial para la salud ¿Cómo frenamos su comercialización o disminuimos el daño?
La sostenibilidad de la economía nos trajo a este problema. Para evitar los daños tenemos dos alternativas conocidas: una clara orientación de la responsabilidad que asegure que el que la hace la pague, y devuelva lo más posible al que sufre el daño a la situación previa a sufrirlo; o generar mecanismos administrativos y judiciales de control y prevención que salgan a evitar el daño y no que se queden esperando que los consumidores denuncien.
“...Quién necesita y desea agua potable, saneamiento, alimentos, productos, servicios y urbanización de su hábitat, es un consumidor…”
Expuesto el tema central que me interesa destacar. Encaro esta posición, porque el cambio climático, sin las acciones de los Estados, en especial los más desarrollados económicamente es irreversible.
Cada una de las acciones que realizan los diseñadores de los productos, los alimentos y los servicios, están todas, enfocadas en lograr asegurar las rentabilidades del mercado.
Y en cada decisión que toma, un diseñador de productos, alimentos y servicios, muy lejos está la protección de la salud, la seguridad y el interés económico de los consumidores.
En Argentina, la protección de los consumidores tiene jerarquía constitucional, y la educación para el consumo es un derecho constitucional. Pero no es cualquier educación, es una educación para el consumo sustentable.
Esta prioridad, es uno de los pilares del trabajo que desde nuestra fuerza política venimos realizando en Argentina, para el dictado de un Código de protección de las y los Consumidores. Quiero transmitirles los puntos principales que se planificaron para este desarrollo futuro.
Nuestro trabajo en el Congreso de Argentina, se apuntó en gran medida en impulsar un camino para ese consumo sustentable y una economía circular: tanto porque creemos que no alcanza con enfocar el problema del cambio climático solo desde las consecuencias del accionar humano, si no que tenemos que poner el acento en: Qué es ese accionar; para qué; y ….cambiarlo.
El consumo sustentable. La historia, comienza en diseño de los productos
No podemos poner solo el ojo en cómo tratamos los desperdicios de los productos, alimentos y servicios; tenemos que replantear qué consumimos y por qué. Estas preguntas, no tienen una respuesta natural, sino que son decisiones que el mercado toma a diario y que tenemos al momento de legislar, que aprender a direccionar. No hay nada de natural en cambiar un celular cada 1 o dos años, o peor aún, un automóvil.
El impacto de esta producción redundante e innecesaria, es no solo un daño en la economía de los consumidores (que no pueden satisfacer sus necesidades), sino un desperdicio de recursos útiles que provoca un efecto en cadena en toda la economía (energía, transporte, salud, destrucción de recursos, etc.). El desperdicio es el final: creemos que hay que poner el ojo en el principio. Cambiar las lógicas, cambiar las prioridades y encontrar otras respuestas.
Con eso en mente, hay mucho que hacer, pero nos parece que el primer paso, es dar claridad en la vida útil esperada de los productos. Como hace varios años empezamos a registrar el consumo eléctrico y otra información relevante, tenemos que avanzar en información clara sobre la durabilidad de los productos. Para esto, debemos tener información clara de la vida útil estimada del producto. De igual manera, proponemos generar dos sellos informativos: el primero Sello de Responsabilidad Ambiental en las Relaciones de Consumo (Sello RESARC) y el Sello Libre de Obsolescencia Programada[1] (Sello LOP).
La consecuencia de esta durabilidad que se debe informar, no solo va a implicar mayor información para tomar decisiones, si no la opción de los consumidores para tomar decisiones de mercado que incentiven el consumo sustentable.
Por el lado de la política pública, la consecuencia no puede ser más que la elongación de los plazos de garantía. En ese camino, propusimos pasar el plazo legal mínimo de garantía de 6 meses a 3 años, e incorporamos la obligación de asegurar los repuestos por un plazo no menor a 5 años. Esto no implica necesariamente equiparar la durabilidad estimada del producto con el plazo de garantía, pero si, subir la vara que ponemos en los productores de productos, a la hora de ponerlos en el mercado. El piso tiene que ser claro, y la competencia tiene que estar en el mayor plazo, la mejor reparabilidad, y la mejor disponibilidad de repuestos.
A nivel global, la disponibilidad de repuestos es un problema cada vez mayor: es una constante en la actualidad, que productos apenas por fuera del periodo de garantía, sean virtualmente imposibles de reparar, por la falta de repuestos. Estamos hablando de productos de 6 meses o un año, que, con mínimas reparaciones, son plenamente útiles.
Si el impacto de toda la cadena económica de la producción es tan alto, no podemos dejar este aspecto librado al mercado, tenemos que dar señales claras. Y esta decisión, tenemos que tomarla en conjunto, porque para un país con un nivel de desarrollo medio como Argentina, muchas veces, tomar este tipo de medidas, implica la exclusión de los circuitos de distribución internacional, como castigo o para evitar los costos asociados. No podemos olvidar que, en la distribución del trabajo de la economía globalizada, el diseño de los productos, los alimentos y servicios se da en los países más desarrollados, la producción se da muchas veces en los países en vías de desarrollo y el destino final es en todo el planeta. Esta interconexión, hace muy difícil fijar para un solo país estos estándares.
El segundo paso esencial, es generar los mecanismos para la trazabilidad de la vida útil de los productos y los alimentos. Y esto no con fines únicamente de análisis y generaciones de mejores respuestas para la disposición final, si no para pasar a un sistema de responsabilidad empresarial en la generación de los desperdicios (y el gasto de recursos naturales innecesarios).
El peso de una economía orientada al desperdicio y recambio de productos y alimentos, no puede caer únicamente en el estado, ni puede ser un riesgo a distribuir entre toda la sociedad o el planeta. Necesitamos poder tener trazabilidad del impacto de los productos y alimentos (desde su origen, hasta el final de la vida útil) si queremos modificar los comportamientos empresariales y redireccionar las prácticas, para pasar a una economía circular.
Directamente en línea con los dos puntos anteriores, tenemos que volver a un sistema de reparabilidad de los productos y trazabilidad de los contenidos de los alimentos. Esto implica que tenemos que tener estímulos y exenciones claras para todas las actividades, en especial en las de reparación de productos. En poco menos de 20 años, el mercado laboral se ha virtualmente vaciado de toda la red de reparación de productos.
En relación a los diseños de los productos, esta situación implicó la destrucción de cadenas de distribución de repuestos, de proveedores separados del fabricante, de locales de trabajo y de especialistas que fueron desplazados a otras actividades. Debemos volver a generar esta cadena, si tenemos la expectativa de que la durabilidad de los productos aumente en serio, y el gasto de recursos naturales disminuya en consecuencia. Los efectos en el empleo en estos casos, son claros, pasando en muchos casos a un empleo más local y menos globalizado (los centros de reparación son por antonomasia locales, mientras que los de producción son cada vez más globales). Para conseguir este objetivo, es esencial disminuir los costos internacionales de provisión de piezas de reparación, generar estímulos internos impositivos claros para esta actividad (disminuyendo los impuestos para la actividad y los costos laborales) y ofrecer estímulos para la capacitación, formación y actualización de los trabajadores del sector.
En el diseño de los alimentos, la situación es semejante a la de los productos; en cuanto a la trazabilidad desde el diseño, su producción e información dada a los consumidores. Claro ejemplo de ello, es el etiquetado de los alimentos y la información de los componentes negados a los consumidores. Porqué, porque no es comercialmente aceptable que el consumidor conozca los contenidos de grasa, sales y azúcares tan perjudiciales a la salud; y tan utilizados por los proveedores para mejorar sus rentabilidades.
Finalmente, impulsamos también el establecimiento de delitos penales específicos relacionados con los sistemas de diseño, producción; y en particular con la obsolescencia programada y la comercialización de productos y alimentos, sin los debidos estudios de impacto ambiental.
Esto permitirá a las autoridades, ir ajustando los estándares y dar señales claras de las consecuencias de los incumplimientos. No es aceptable, si queremos lograr el cumplimiento de los objetivos a escala global, que las empresas salven las consecuencias de los incumplimientos, con simples indemnizaciones.
El daño ambiental, es un daño directo a la salud de las personas; puede repararse en algunos casos y hasta cierto punto, pero estamos aquí reunidos, porque sabemos que el dinero no va a poder reparar el daño ya generado en todos los casos. La prevención, en este caso mediante una prevención general derivada de la tipificación penal, es esencial.
La salud de las personas, está en directa relación con el diseño de obsolescencia de los productos y de los alimentos.
José Luis Ramón
Diputado
[1] Art 168.- A los efectos del presente Código, se entiende por obsolescencia artificial de bienes no consumibles con su primer uso, a la reducción directa o indirecta de su vida útil, o a la situación por la cual se tornen inadecuados según su naturaleza, características y las expectativas legítimas de las y los consumidores.
La obsolescencia artificial puede obedecer a la reducción deliberada de la vida útil del bien no consumible o de sus componentes; a su imposible, costosa o dificultosa reparación o mantenimiento; a su incompatibilidad con las actualizaciones o tecnologías necesarias para continuar utilizándolo pese a su buen uso y estado de conservación; o a la generación de una falsa o engañosa percepción de su inutilidad, ineficiencia o inadecuación