De las vacunas a una cura mundial: ¿por qué la cooperación internacional es tan importante para detener el COVID-19?

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Este artículo forma parte de una serie en la que expertos de la OCDE y líderes de pensamiento de todo el mundo y sectores de la sociedad, abordan la crisis del coronavirus (COVID-19), debatiendo y desarrollando soluciones para el momento actual y el futuro. 

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Cuando el científico escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina hace casi un siglo, intuyó que se trataba de un gran logro. Aunque el hallazgo del Dr. Fleming se remonta a 1928 y los resultados de las limitadas pruebas iniciales eran prometedores, tuvieron que transcurrir más de 10 años para que otros dos científicos, Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey, consiguieran crear un antibiótico a partir de la penicilina y preparar cantidades suficientes para su distribución masiva. En 1945, los tres científicos recibieron el Premio Nobel por su descubrimiento, que se ha utilizado en todo el mundo desde la década de 1940 para curar diferentes infecciones bacterianas peligrosas, como la neumonía.

Hoy en día, cuando todos los esfuerzos se centran en buscar una solución para detener la propagación del coronavirus (COVID-19), todos nos hacemos la misma pregunta: ¿con qué rapidez se puede desarrollar y distribuir una vacuna? 

Más de 30 millones de personas se han contagiado de COVID-19 desde su aparición en diciembre de 2019, y en el momento de redactar estas líneas, la enfermedad ha provocado la pérdida de más de 1 millón de vidas. A menos que encontremos rápidamente una cura, parece inevitable que el número de contagios y muertes seguirá aumentando y que el daño a nuestras economías y sociedades se agrave.

Pese a todo, no se sabe con qué rapidez se podrá disponer de una vacuna verdaderamente eficaz e inocua. Además, cuando se haya encontrado, ¿estará disponible para todos de manera rápida y a un coste asequible?

La buena noticia es que hay motivos para confiar en que la búsqueda de la vacuna llegará a buen puerto. Se están estudiando unas 200 vacunas candidatas y, según algunas empresas, investigadores y gobiernos, los resultados son inminentes. Pese a todo, no se sabe con qué rapidez se podrá disponer de una vacuna verdaderamente eficaz e inocua. Además, cuando se haya encontrado, ¿estará disponible para todos de manera rápida y a un coste asequible?

Esta pregunta resulta de interés para la formulación de políticas públicas, y la respuesta depende de algunas consideraciones fundamentales.

Lea el informe de la OCDE, Treatments and a vaccine for COVID-19: The need for coordinating policies on R&D, manufacturing and access (en inglés) y más respuestas políticas clave

La primera de ellas es, sin duda, la velocidad de la propia investigación. Si se desarrollara una vacuna eficaz o se descubriera una cura durante el próximo año, sería todo un logro. Para comprobar la inocuidad de un fármaco se necesita tiempo para probarlo en un número de personas lo suficientemente grande.

En segundo lugar, como bien sabían los científicos que participaron en el desarrollo de la penicilina, tras la aprobación de una vacuna comienza otra batalla. La vacuna tiene que producirse en grandes cantidades y a gran velocidad, por lo que deberán desarrollarse tecnologías nuevas o adaptar las ya existentes, y todo esto requiere tiempo.

Además, se necesitarían cantidades enormes de dispositivos de dispensación, como jeringas o pulverizadores nasales, lo que parece complicado en vista de la escasez de mascarillas durante la primera ola del COVID-19. También hay múltiples dificultades prácticas (por ejemplo, de logística y capacitación) inherentes al despliegue de campañas de vacunación a gran escala.

El tercer aspecto a tener en cuenta es la dimensión global de la enfermedad. La cooperación internacional será crucial para vencer a la pandemia y recuperar nuestras economías. Desde un punto de vista científico, esta colaboración es habitual, pero la competencia entre empresas puede ser feroz. Considerando los graves efectos sociales y económicos del COVID-19, resulta inevitable que algunos países quieran ser los primeros en conseguir una reserva segura de vacunas para sí mismos. También es comprensible que los países en los que operan los gigantes de la asistencia sanitaria se cierren al exterior y sus autoridades lleguen a acuerdos amistosos con los investigadores y los productores. 


En el Podcast de la OECD, hablamos con Francesca Colombo, Jefa de la Divisón de Política Sanitaria en la OECD, sobre ganar la batalla contra el COVID-19


No obstante, no se debe confundir asegurar el acceso a la vacuna con acaparar el mercado. Dado el carácter internacional de la industria sanitaria, este enfoque monopolizador podría volverse en contra de las personas a las que se intenta ayudar. Al fin y al cabo, nadie puede predecir cuándo se producirá el gran avance ni quién lo conseguirá, si una gran empresa o una pequeña start-up.

Por lo tanto, la cooperación internacional y la transparencia de los encargados de la formulación de políticas resultan esenciales para repartir el riesgo y maximizar las posibilidades de éxito.

La cooperación también es importante por otros dos motivos. En primer lugar, permite asegurar la claridad de los costos y los pagos, de manera que los productores —independientemente de dónde estén— puedan ampliar su capacidad y disponer de dosis suficientes para entregar a la población en cuanto se apruebe el tratamiento. Por ejemplo, sería sensato alcanzar un compromiso global claro de pago para abonar las cinco (u otra cifra que se decida) primeras vacunas eficaces a fin de proporcionar seguridad de mercado a los productores y reducir el riesgo que asumen los compradores si las primeras vacunas no son efectivas. En segundo lugar, la cooperación es necesaria para garantizar que las dosis se destinen de manera eficiente para poner fin a la pandemia.

Los países podrían emplear compromisos anticipados de mercado (CAM) para aumentar el atractivo del mercado de vacunas utilizando compromisos legales de compra conforme a unas condiciones predeterminadas, a fin de ofrecer una solución global. Un planteamiento de acceso en tres niveles podría resultar aceptable: primero, el país promotor; a continuación, los países con CAM; por último, los países sujetos a acuerdos de licencia asociados relativos a la producción local en países de ingresos bajos y medios.

A falta de un mecanismo mundial que garantice el abastecimiento adecuado mediante la concesión de licencias de los productos a bajo costo o de manera gratuita, será necesario alcanzar, como mínimo, un acuerdo para la gestión de la propiedad intelectual. Actualmente, los contribuyentes y filántropos están financiando gran parte de la I+D para la búsqueda de una vacuna a través de organismos nacionales, como la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica Avanzada (BARDA) o el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Existen también otros mecanismos internacionales de financiación, como la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias y el Acelerador ACT de la OMS. 

Descubre la contribución de Anthony Gooch, Director, OCDE Forum, en el Forum Network: Combatir la desinformación COVID-19: un pilar clave de la recuperación 

Por consiguiente, existe una razón de peso para ceder la propiedad intelectual resultante de estas iniciativas de forma amplia y con un coste limitado. En caso contrario, los países, incluso algunos típicamente librecambistas, podrían verse tentados de utilizar un sistema de licencias obligatorias, lo que sería legítimo en conformidad con las normas de propiedad intelectual aceptadas mundialmente, en particular el Acuerdo de 1995 sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), ratificado por la OMC en relación con la salud pública en Doha en 2001. Sin embargo, las licencias obligatorias son un arma de doble filo que dan prioridad a las necesidades nacionales, y su utilización podría suponer un revés importante para la confianza pública futura en la cooperación internacional, en la esfera de la salud y en muchos otros ámbitos controvertidos. Casi con toda seguridad, esta práctica también provocaría represalias en otros sectores.

Hay maneras de evitar esta espiral descendente. Por ejemplo, los organismos financiadores públicos podrían exigir a las empresas que acepten proporcionar licencias voluntarias a cambio de financiar la I+D y la capacidad de producción. Además, las empresas podrían comprometerse a proporcionar su propiedad intelectual de manera gratuita a los mecanismos internacionales de divulgación de la propiedad intelectual, como el Banco de Patentes de Medicamentos o el Acceso Mancomunado a Tecnología contra el COVID-19 (C-TAP), creado por la OMS específicamente para esta crisis.

Descubre la contribución de Francesca Colombo, Jefa de la Divisón de Política Sanitaria en la OECD, en el Forum Network: Sistemas de salud resilientes: Aprendizajes de la crisis del COVID-19

Se ha hablado mucho de estas opciones, pero debemos alentara los países a trabajar juntos sobre el terreno, para evitar que los problemas relacionados con la propiedad intelectual ralenticen las iniciativas mundiales para ganar la lucha contra esta pandemia global. Si el COVID-19 vence, ningún país estará a salvo. 

Como ha demostrado la historia de la penicilina, el descubrimiento es solo el primer paso. Si queremos acabar con la pandemia para siempre, las organizaciones internacionales como la OCDE deben asumir su responsabilidad y reforzar la cooperación.

Referencias e información adicional

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Mark Pearson

Deputy Director of Employment, Labour and Social Affairs, OECD

Mark Pearson is Deputy Director of Employment, Labour and Social Affairs at the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Prior to 2014, he was Head of the Health Division where he helped countries to improve their health systems by providing internationally comparable data, state-of-the-art analysis and appropriate policy recommendations on a wide range of health policies. Major current work of the Division is on the economics of preventing obesity; comparisons of the prices of health care goods and services; assessing long-term care policies; trends in health spending; expanding health coverage; co-ordination of care; pay-for-performance; use of evidence in health care; the migration of the health-care workforce; health care quality indicators; measuring health care outcomes, outputs and inputs; and health and ICTs. Key publications resulting from the work he has managed include OECD Health at a Glance and Achieving Better Value for Money in Health Care, as well as The Economics of Prevention: Fit not Fat. Before moving to Paris, he was employed by the Institute for Fiscal Studies in London, and he has been a consultant for the World Bank, the IMF and the European Commission.

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